La reciente denuncia realizada por Guido Gómez Mazara sobre el caso del alquiler abusivo del local de UNDOTEL, donde el Estado Dominicano lleva 24 años pagando 100 mil dólares mensuales a su dueño, por concepto de alquiler, ha generado una ola de inquietud en la opinión pública. Esta situación ha puesto en tela de juicio la forma en que se administran los recursos públicos en el país, especialmente en lo que respecta a la contratación de alquileres para edificios gubernamentales. Es evidente que se requiere una revisión profunda para erradicar estas prácticas en nuestro país.
Es importante destacar que la propuesta de comprar edificios gubernamentales, en lugar de alquilarlos a terceros, es una medida que ha sido planteada por varios sectores de la sociedad dominicana. La idea de que el Estado sea propietario de los inmuebles donde funcionan sus dependencias es sin duda una forma de garantizar un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos.
La administración pública se encuentra en un punto de inflexión, donde se empieza a vislumbrar un antes y un después de la denuncia realizada por Guido Gómez Mazara. Es fundamental que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar que los fondos del Estado se utilicen de manera responsable y en beneficio de la ciudadanía.
Después de la denuncia de Gómez Mazara, ha salido a la luz pública que el Estado Dominicano está gastando más de 4,856 dólares en promedio mensual por alquiler de 43 embajadas dominicanas, y a raíz de todo esto, voceros del PRM en el Congreso favorecen compra de locales de embajadas y consulados, lo que indica que la complicidad silente y vergonzosa, de cosas similares al de INDOTEL, podrían extinguirse en el futuro.
En este sentido, es necesario que las compras de locales no solo se limiten a los edificios que alojan embajadas y consulados, sino que se extiendan a todas las dependencias públicas en todo el país que llevan años alojadas en espacios privados. Es hora de que se ponga fin a las prácticas abusivas en la contratación de alquileres y se priorice la adquisición de inmuebles que sean propiedad del Estado.
Los administradores de la cosa pública tienen la responsabilidad de actuar de manera diligente y transparente en la gestión de los recursos del Estado. Es necesario que se establezcan mecanismos de control y supervisión que garanticen que situaciones como la denunciada por Guido Gómez Mazara no vuelvan a repetirse en el futuro. El bienestar de la ciudadanía y el buen uso de los recursos públicos deben ser siempre la prioridad en la administración del Estado.
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