En Wyoming, los funcionarios locales que se rehúsen a colaborar con las autoridades federales de inmigración podrían enfrentar consecuencias graves, como cargos penales con penas de cinco a diez años de prisión y multas de hasta 20,000 dólares. Este es solo un ejemplo de la creciente presión que están enfrentando los gobiernos locales en más de 20 estados debido a las políticas de santuario, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Legisladores republicanos están impulsando medidas para castigar a alcaldes, concejales y otros funcionarios que se opongan a colaborar con las autoridades federales en materia de inmigración. En Georgia, por ejemplo, se han presentado propuestas de ley que permitirían demandar a aquellos que implementen políticas de santuario, con el objetivo de hacer cumplir la ley de inmigración del estado.
Estas medidas han generado preocupación entre los opositores, quienes temen que los agentes locales retengan a inmigrantes por más tiempo del necesario por miedo a ser demandados. A nivel nacional, el gobierno de Trump también está tomando medidas legales contra aquellos gobiernos que se niegan a cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
En estados como Luisiana, Tennessee y Florida, se han promulgado leyes que imponen multas e incluso penas de cárcel a los funcionarios locales que adopten políticas de santuario. Estas medidas buscan reforzar la cooperación con las autoridades federales y evitar que se obstaculice la aplicación de las leyes de inmigración.
En resumen, la presión sobre los gobiernos locales para cumplir con las leyes de inmigración está en aumento, con consecuencias que van desde multas económicas hasta penas de cárcel para aquellos que se nieguen a colaborar con las autoridades federales. Esta situación refleja la polarización y la dureza de las políticas migratorias en Estados Unidos.
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