El desafío requiere firmeza y acción estratégica.
La República Dominicana enfrenta un fenómeno migratorio que, de no manejarse con firmeza y visión estratégica, podría comprometer no solo la estabilidad del país, sino también su soberanía y la preservación de la identidad dominicana. Dos informes recientes, uno sobre el registro de nacimientos de hijos de extranjeros y otro sobre la respuesta del gobierno dominicano a la crisis migratoria haitiana, revelan datos alarmantes que exigen una postura clara y decidida en defensa de los intereses nacionales.
Una realidad que no puede ignorarse
Según un informe de la Junta Central Electoral (JCE), entre 2007 y 2025, un total de 262,479 niños nacidos en República Dominicana fueron inscritos en el Libro Rosado de Extranjería, un registro creado para documentar los nacimientos de hijos de extranjeros en el país. De esta cifra, el 98.07% corresponde a hijos de padres haitianos. Esto significa que, en los últimos 18 años, 257,414 niños nacidos en el país son de padres haitianos.
Este registro no solo refleja la magnitud de la migración haitiana, sino también su impacto demográfico. Aunque el Libro Rosado incluye nacimientos de hijos de padres de 123 nacionalidades diferentes, la abrumadora mayoría son haitianos. Por ejemplo, los venezolanos, que ocupan el segundo lugar, representan solo el 0.97% de los registros, con 2,553 niños.
Por otro lado, un informe del gobierno dominicano, emitido en respuesta a las críticas de la ONU, destaca que el flujo migratorio de haitianos es "insostenible". En 2022, el país deportó a 120,900 extranjeros irregulares, casi todos de origen haitiano. Además, los datos del Servicio Nacional de Salud (SNS) muestran que el porcentaje de nacimientos de madres haitianas en hospitales públicos ha aumentado significativamente: del 12.5% en 2018 al 34% en 2023. Esto implica que, en los últimos tres años, más de 35,000 partos anuales corresponden a madres haitianas, un costo que recae sobre el sistema de salud dominicano y, por ende, sobre los contribuyentes.
Implicaciones a corto y largo plazo
Estas cifras no solo son un reflejo de la situación actual, sino que también plantean serias preocupaciones sobre el futuro de República Dominicana. A corto plazo, la presión sobre los servicios públicos, especialmente en salud y educación, es evidente. El gobierno ha señalado que asume el costo de los partos de madres haitianas, lo que representa una carga financiera significativa para un país en vías de desarrollo.
A largo plazo, la presencia irregular de una población tan grande de ascendencia haitiana podría tener implicaciones sociales, culturales y económicas profundas. La falta de políticas claras y efectivas para gestionar esta situación podría generar tensiones sociales, especialmente si no se regula de manera integral la migración haitiana a territorios dominicanos.
Además, la crisis política y humanitaria en Haití, que ha sido la principal excusa para la ONU presionar a RD, no muestra signos de mejora a corto plazo. La República Dominicana ha insistido en que la comunidad internacional debe asumir una mayor responsabilidad en la estabilización de Haití, ya que el país no puede cargar con las consecuencias de esta crisis.
Un llamado a la acción
Los datos presentados no solo son una llamada de atención, sino también una oportunidad para que en la República Dominicana nos unamos y trabajemos juntos en buscar verdaderas soluciones sostenibles a corto, mediano y largo plazo.
Además de las deportaciones masivas, se requiere un enfoque multidimensional que incluya, políticas migratorias claras, verdadera protección en la frontera, sanciones para los traidores, que trafican con haitianos, emplean manos de obra irregular y le alquilan viviendas. Todo esto sumado a un compromiso real con la dominicanidad.
Para República Dominicana, el desafío es grande. El país debe equilibrar la protección de sus recursos y servicios públicos con el respeto a los derechos humanos de los migrantes, pero sin olvidar que su principal mandato es proteger los intereses de los dominicanos. Ignorar este mandato, no solo sería irresponsable, sino que podría tener consecuencias graves para la estabilidad y el desarrollo de República Dominicana. Es hora de actuar con visión, compromiso y determinación.
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