La reciente manifestación en Friusa, donde ciudadanos se reunieron pacíficamente para expresar su inquietud sobre temas de nacionalidad y migración, ha puesto de relieve la tensión entre el derecho a la libre expresión y la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Este incidente ha sido ampliamente criticado por figuras destacadas, incluido el expresidente Leonel Fernández, quien condenó enérgicamente la agresión de los agentes del orden. Fernández calificó la acción como inaceptable y mostró su solidaridad con las víctimas, exigiendo a las autoridades una investigación exhaustiva de lo ocurrido.
La viuda del exsenador Reinaldo Pared Pérez, Ingrid Mendoza, también se pronunció sobre la marcha, enfatizando que defender la nacionalidad no debe ser considerado un acto de odio, sino más bien un acto de dignidad. Mendoza subrayó que la movilización representa un grito pacífico en defensa de la soberanía y el control migratorio en la República Dominicana, lo que pone de manifiesto la importancia del diálogo y la legitimidad de las preocupaciones nacionales en un clima social tumultuoso.
Desde otra perspectiva, Angelo Vásquez, líder de la Antigua Orden Dominicana, destacó el carácter pacífico de la marcha y denunció la presencia de infiltrados que intentaron desvirtuar el mensaje original de la protesta. Vásquez informó que las autoridades están llevando a cabo investigaciones para identificar a los responsables de los altercados, aunque admitió que no se han obtenido resultados concluyentes hasta el momento. Además, mencionó que su organización no tenía la autorización para acceder a la zona de Mata Mosquito durante la manifestación, lo que añade una capa adicional de complejidad al evento.
El gobierno dominicano ha manifestado su compromiso con el respeto de los derechos fundamentales y el orden público tras los incidentes ocurridos en Friusa. En un comunicado oficial, enfatizaron su disposición a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y reiteraron su compromiso de investigar a fondo los hechos que desencadenaron la violencia. La declaración gubernamental sirve como recordatorio de que, aunque el derecho a la protesta es esencial, también es fundamental encontrar un equilibrio adecuado que favorezca la convivencia pacífica y el respeto mutuo en una sociedad cada vez más polarizada.
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